Carmen Tomás.- Hacienda, a por pensionistas y parados

MADRID 2 Jul. (OTR/PRESS) -

En medio de una tensa batalla interna entre las vicepresidentas primera, María Jesús Montero, y segunda, Yolanda Díaz, el Gobierno ha aprobado una polémica enmienda que exime de pagar IRPF a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero deja fuera a otros colectivos vulnerables, como pensionistas y personas en paro, que cobran cuantías similares. La medida, impulsada por PSOE y Sumar, se ha introducido sin demasiada publicidad en una enmienda al proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, algo que ya ha generado críticas por lo inusual del procedimiento. Esta exención, presentada como una deducción en la cuota, llega tras semanas de enfrentamientos en el seno del Ejecutivo, a raíz de que por primera vez se exigiera tributar a los perceptores del SMI.

El debate se volvió especialmente agrio cuando trascendió un error en el diseño fiscal original que penalizaba gravemente a las rentas más bajas: algunos contribuyentes podían llegar a pagar un tipo marginal cercano al 90% por cada euro adicional ingresado. Este despropósito fue finalmente corregido gracias a las alertas lanzadas por expertos tributarios. Sin embargo, mientras se celebraba la supuesta corrección del sistema para proteger a los trabajadores con rentas mínimas, se escondía otro elemento controvertido: la exclusión expresa de pensionistas y desempleados con ingresos equivalentes al SMI de la nueva exención. Estos colectivos sí tendrán que tributar por primera vez en el IRPF, lo que ha despertado un aluvión de críticas por la injusticia de un sistema que discrimina entre tipos de renta sin justificación clara.

La falta de transparencia, la forma encubierta de introducir la enmienda y el agravio comparativo generado entre colectivos igualmente vulnerables han avivado el debate sobre la equidad fiscal y el uso partidista de las reformas tributarias. La medida, lejos de cerrar heridas en el Ejecutivo, ha profundizado la división interna y ha sembrado nuevas dudas sobre la coherencia de la política fiscal del Gobierno.