Carmen Tomás.- La Unión Europea sigue soltando dinero

MADRID 9 Jul. (OTR/PRESS) -

La Unión Europea ha transferido recientemente a España cerca de 23.000 millones de euros correspondientes al quinto pago de los fondos Next Generation, aunque ha aplicado una penalización de aproximadamente 1.100 millones por incumplimientos en varios compromisos clave. Entre ellos, la no aprobación del impuesto al diésel, los retrasos en la digitalización de ayuntamientos y entidades locales y la lenta conversión en trabajadores fijos del personal interino de la Administración. Este nuevo desembolso se produce en un contexto de creciente escepticismo sobre la gestión y la eficacia del uso de los fondos europeos en España. A pesar de las cuantiosas ayudas, el sistema público de pensiones, por ejemplo, arrastra un déficit estructural que supera los 110.000 millones de euros, una cifra alarmante que las reformas impulsadas por el exministro José Luis Escrivá no han logrado contener.

A día de hoy, el destino exacto de la mayoría de los fondos sigue siendo una incógnita. Solo se conoce que gran parte de los primeros 100 beneficiarios son organismos públicos como ADIF, el Ministerio de Transportes o Renfe, entidades que, paradójicamente, sufren un evidente deterioro en sus infraestructuras. Las incidencias diarias en la red ferroviaria, con averías, retrasos y problemas en catenarias y vías, contrastan con las inversiones anunciadas. Hay que recordar que en marzo se cumplieron tres años desde que la presidenta de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo visitó España para comprobar in situ el uso de estos fondos. Se marchó sin respuestas claras y con una pregunta en el aire que aún hoy persiste: ¿dónde está el dinero?

La realidad, a pesar de las dificultades y la escasa transparencia del Gobierno, es que de los 163.000 millones de euros asignados a España entre dinero a fondo perdido y préstamos, solo se ha ejecutado el 20%, es decir, unos 32.000 millones. Y de esa cantidad, la mayoría ha ido a parar a gasto corriente e inversiones públicas sin un retorno evidente para empresas y economía, cuando el objetivo era impulsar una transformación económica profunda tras la pandemia.