MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Expertos en Derecho Constitucional discrepan sobre la propuesta del Ministerio de Igualdad de prohibir que asesinos de violencia vicaria difundan información sobre su caso en medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.
En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.
El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.
En este sentido, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Germán Teruel, ha indicado en declaraciones a Europa Press que si lo que cuenta el libro, en el caso de Bretón, es veraz y tiene una relevancia pública, no cree que se pueda imponer una pena accesoria, "porque al final está la libertad de esa persona de contar su versión".
"Aquí una persona tiene su libertad de contar su versión, por muy reprobable que pueda parecer su versión o lo que tenga que contarnos. ¿Cuál es el límite? Que no haya un insulto o que nos revele información que sea digamos, familiar o personal, que no sea veraz y que no tenga una relevancia pública", ha apuntado.
Por otro lado, ha explicado que, en el caso del libro 'El Odio', el autor no es "ni siquiera" el asesino, sino que es una persona que, "en ejercicio de su libertad creativa", ha querido "contar o construir la historia tomando el testimonio de este señor como primera fuente".
Igualmente, Teruel cree que 'El Odio', del escritor Luisgé Martín, se acabará publicando, ya que "más allá de su acierto" y de "su calidad literaria", no movería los límites de la libertad de creación artística. "Y, por tanto, lo veo un libro perfectamente publicable en nuestro ordenamiento, de acuerdo con las líneas constitucionales que están muy consolidadas", ha augurado.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Juan Carlos, David Ortega, ha precisado en declaraciones a Europa Press que hay un "conflicto" entre la libertad artística y literaria y el derecho a la intimidad de los menores. En principio, ha añadido que "suele prevalecer la intimidad". "¿Por qué? Porque los supuestos en los que prevalece la libertad artística o de la expresión es el interés público. Y aquí el interés público es complicado", ha asegurado.
Además, Ortega ha agregado que la libertad de expresión artística, "no es un derecho absoluto", que "hay una serie de límites" y que la intimidad de los menores puede ser uno. "Hay que ver bien los casos y ver bien los argumentos. Proteger a los menores, tiene su base lógica y el interés superior del menor, a mí me parece muy bien que se proteja. Proteger a los medios informativos, pues hay que protegerles también. En el caso de conflicto, hay que ver los bienes jurídicos que están en conflicto y cuál debe prevalecer", ha indicado.
Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal, según estas fuentes.
La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro 'El odio', con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama.
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