Jueces y fiscales de Sevilla rechazan las reformas de la carrera judicial y la Fiscalía y no descartan la huelga

Un grupo de personas la mayoría ataviadas de modo similar protesta asegurando defender la Justicia pero con críticas a los jueces

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jueces y fiscales de Sevilla han celebrado la mañana de este miércoles un paro, reclamando al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez que retire el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; bajo la premisa de que dichas reformas van a "convertir al poder judicial en un poder con minúsculas, más débil en su función de contrapeso del poder político"; y avisando de que no descartan la huelga.

Este paro iba a ser visibilizado al aire libre, en los aledaños de la Audiencia de Sevilla con un acto público, si bien dicho espacio había sido previamente copado por varias decenas de personas, muchas de ellas con camisetas con la leyenda "pancartas amarillas", un grupo en contra de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ante las amenazas climática y de pobreza; otras con banderas de España o paraguas con los colores de la enseña nacional, incluso sin estrenar; o pancartas con alusiones a "la mafia" o la "plandemia", entre otros lemas.

Bastantes de estas personas aseguraban estar actuando a título individual, negando una de ellas ser "ultraderechistas" o responder a colores políticos; mientras otras encuadraban la protesta en el grupo "pancartas amarillas". Así, estas personas aseguraban que celebraban dicha protesta para "apoyar a los jueces"; en defensa de "la independencia" de la Justicia, al tiempo que algunos de estos ciudadanos acusaban a los jueces de "cobardes"; o esgrimían "la democracia" mientras alguna de ella espetaba a un trabajador de los medios de comunicación que no debía "preguntar nada", incluso con algún momento de tensión.

Al respecto, la fiscal Natividad Plasencia ha respetado el derecho de reunión y manifestación de estas personas, desvinculando el acto promovido por los jueces y fiscales de Sevilla de "cualquier tipo de interferencia de las legítimas reclamaciones" de estas personas. "La justicia es y va a seguir siendo independiente y está libre de inferencias del poder político, sea del signo que sea", ha asegurado.

La citada fiscal, junto con Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente; y Joaquín Yust, juez de lo Penal y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); ha leído un manifiesto común a todos los actos de esta índole celebrados en las sedes judiciales de España, que recuerda que "la separación de poderes y la existencia de un poder judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales".

"Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas", señalan los jueces y fiscales aludiendo expresamente al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El primero de ellos, según advierten "ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial" porque "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas" para los aspirantes; además de que "se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica".

Del mismo modo, avisan de un intento de "modificar la base de ambas carreras, convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad"; mientras el Gobierno defiende que "regularizar" la situación de los jueces y fiscales sustitutos es una "obligación" que impone la Unión Europea y que, de no hacerlo, España se arriesga a una sanción, algo que los actores judiciales ven como una "excusa".

Respecto al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, exponen que propone "aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará, aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Ello, en un marco en el que el Tribunal Supremo ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso; frente a lo cual el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ve actuaciones "difíciles de entender" del Supremo y apoya al citado fiscal general, fruto de su propio nombramiento.

En ese sentido, el manifiesto avisa del "ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, matan la confianza de los ciudadanos en su justicia"; toda vez que en 2024, el PP acusaba al Tribunal Constitucional de intentar "borrar" la macrocausa del procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE, al haber anulado las condenas a una decena de inculpados, entre ellos el expresidente socialista José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

"Esta reforma, junto con otras que se están tramitando, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúsculas, en un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, en un poder más maleable", señalan los jueces y fiscales, reclamando "la retirada de ambos proyectos de ley y", porque en caso contrario no descartan "medidas de conflicto colectivo más graves, incluyendo la huelga".