La Junta suma 55 convenios con ayuntamientos y ONG de Córdoba para que menores infractores reparen el daño a la sociedad

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública facilita a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, en servicios municipales y entidades sociales. Para ello, la Junta dispone ya de 55 convenios firmados con ayuntamientos y ONG de la provincia de Córdoba (52 municipios y tres entidades), entre ellos asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión, así como entidades deportivas.

Tal y como ha detallado la Administración autonómica en una nota, el perfil de los menores que cumplen medidas de medio abierto es el de varones (81,5%), españoles (90,2%) de entre 16 y 17 años (51,2%). De las 4.681 medidas de medio abierto dictadas el año pasado, 352 fueron ejecutadas en Córdoba.

La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor, que el pasado enero cumplió 25 años, otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad".

Los convenios con los ayuntamientos permiten que los menores infractores puedan cumplir estas medidas en servicios municipales de su propia localidad, sin necesidad de desplazarse y reparando el daño causado en su entorno más cercano. La colaboración con los ayuntamientos suele centrarse en trabajos relacionados con la limpieza municipal o el mantenimiento de parques y jardines. Resulta especialmente eficaz cuando el delito cometido es contra el patrimonio.

Los acuerdos con las entidades sin ánimo de lucro como la Fundación cordobesa Promi o Córdoba Acoge, "permite a los menores infractores tomar conciencia de otras realidades sociales y contribuye a la educación en valores que los alejen de las conductas conflictivas", ha señalado José Antonio Nieto.

Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, que son las que más imponen los jueces de Menores.

Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales de Justicia, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones "que ya pueden realizar de manera telemática gracias a la implantación de la herramienta Prisma que supone la existencia de un único expediente digital de cada menor", ha recordado Nieto.