Martínez Bravo atribuye los pagos indebidos al modelo de gestión y la falta de digitalización

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha atribuido los 167 millones de euros en pagos indebidos de su Conselleria de 2016 a 2024 (detectados por la Sindicatura de Comptes en un informe) al modelo de gestión, que a menudo no se ha dimensionado correctamente, y a la falta de digitalización de los sistemas.

"El grueso de las incidencias no es por una gestión de malversación, ni mucho menos; es por no tener suficientes manos para actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones y no tener la información para ajustar aquella prestación cuando el hecho se produce", ha declarado a la prensa este miércoles.

La principal solución, según ella, es tener unas herramientas digitales "adecuadas" y en la interconexión con otras bases de datos que permitan hacer una gestión automática, así como en tener unos equipos bien dimensionados y tecnificados.

El grueso de los pagos indebidos se enmarca en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también en prestaciones a extutelados o por discapacidad, y Martínez Bravo ha dicho que no podrán eliminarlos "completamente" mientras no tengan un marco jurídico y una nueva ley de renta garantizada que permita la gestión automatizada.

Sobre las devoluciones de estos pagos, ha dicho que deberán analizar qué deben hacer, pero cree que servirán los "planteamientos" utilizados en los pagos indebidos anteriores en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que finalmente se condonaron.