Ruth Ortiz y Patricia Ramírez piden proteger a víctimas de violencia vicaria tras la propuesta de Igualdad

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, asesinados por José Bretón en 2011 en Córdoba, y Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, asesinado en 2018 en Níjar (Almería), han pedido que se proteja a víctimas de violencia vicaria.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press ante la reforma del Código Penal que estudia el Ministerio de Igualdad para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón.

En este sentido, Ortiz ha reclamado protección para todas las víctimas de hijos asesinados, así como evitar una nueva revictimización. "Nos deben proteger a todas las víctimas que tengamos hijos asesinados y hacer todo lo posible para no volver a recvictimizarnos", ha indicado.

Ortiz inició trámites legales para evitar la publicación de 'El Odio'. Concretamente, a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), presentó un escrito a Fiscalía de "solicitud de ayuda, auxilio y amparo" en el que señalaba que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

Asimismo, tras conocerse la paralización del libro por parte de la editorial Anagrama después de que la Fiscalía de Córdoba también pidiera la paralización del mismo, la madre de los pequeños manifestó que sentía "algo de alivio, aunque el daño "ya estaba hecho".

A pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro, Anagrama decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución. Sin embargo, el autor, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar el libro.

Por su parte, Patricia Ramírez ha trasladado su interés en que el Gobierno promueva leyes que protejan a los padres y madres de hijos que han sido asesinados de publicaciones relacionadas con ellos. "Lo que solicitamos es una ley que prohíba a los asesinos de nuestros hijos, independientemente de si son menores de edad o mayores, que se lucren con nuestros casos, que nos saquen otra vez, nos reutilicen y nos obliguen a ir a los juzgados no pudiendo hacer nuestras vidas", ha recalcado Ramírez.

Aunque ha expuesto que todo avance en materia de protección de derechos de las víctimas "es bueno", Ramírez considera que el planteamiento "no debería venir solo por Igualdad" ni dirigirse únicamente a las víctimas de violencia vicaria, sino que debería extenderse a más casos.

La madre del niño Gabriel ha recordado la petición elevada por ella misma en la Comisión de Interior del Senado el 11 de junio del pasado año, donde reclamó un "acuerdo de Estado" para que las víctimas de delitos violentos padecidos por sus hijos se vean amparadas en la defensa de sus derechos.

"Debe de ser un acuerdo de todos, porque seguro que todos están de acuerdo en la protección a la dignidad, el honor y a que las víctimas no tengamos que sufrir un maltrato o un trato degradante, independientemente de quién provenga", ha reclamado.

La madre del 'pescaíto' adoptó una papel activo en la protección de la imagen de los menores y sus padres tras conocer que se elaboraba un 'true crime' sobre su caso, el cual, según los datos con los que contaba, empleaba imágenes y declaraciones de la asesina de su hijo captadas en el interior de la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple una pena de prisión permanente revisable.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.

El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.

Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal.

Por otro lado, expertos en Derecho Constitucional han discrepado sobre la propuesta del Ministerio de Igualdad. En este sentido, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Germán Teruel, ha indicado en declaraciones a Europa Press que si lo que cuenta el libro, en el caso de Bretón, es veraz y tiene una relevancia pública, no cree que se pueda imponer una pena accesoria, "porque al final está la libertad de esa persona de contar su versión".

"Aquí una persona tiene su libertad de contar su versión, por muy reprobable que pueda parecer su versión o lo que tenga que contarnos. ¿Cuál es el límite? Que no haya un insulto o que nos revele información que sea digamos, familiar o personal, que no sea veraz y que no tenga una relevancia pública", ha apuntado.

Igualmente, Teruel cree que 'El Odio' se acabará publicando, ya que "más allá de su acierto" y de "su calidad literaria", no movería los límites de la libertad de creación artística. "Y, por tanto, lo veo un libro perfectamente publicable en nuestro ordenamiento, de acuerdo con las líneas constitucionales que están muy consolidadas", ha augurado.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Juan Carlos, David Ortega, ha precisado en declaraciones a Europa Press que hay un "conflicto" entre la libertad artística y literaria y el derecho a la intimidad de los menores. En principio, ha añadido que "suele prevalecer la intimidad". "¿Por qué? Porque los supuestos en los que prevalece la libertad artística o de la expresión es el interés público. Y aquí el interés público es complicado", ha asegurado.

Además, Ortega ha agregado que la libertad de expresión artística, "no es un derecho absoluto", que "hay una serie de límites" y que la intimidad de los menores puede ser uno. "Hay que ver bien los casos y ver bien los argumentos. Proteger a los menores, tiene su base lógica y el interés superior del menor, a mí me parece muy bien que se proteja. Proteger a los medios informativos, pues hay que protegerles también. En el caso de conflicto, hay que ver los bienes jurídicos que están en conflicto y cuál debe prevalecer", ha indicado.

Por parte de los grupos parlamentarios, fuentes de Sumar han asegurado en declaraciones a Europa Press que, desde la formación, no creen que una legislación más restrictiva sea la opción tras la propuesta del Ministerio de Igualdad.

En este sentido, han precisado que "no es una cuestión de ser más duros con la legislación" sino de acercarse y escuchar a la sociedad, que "se ha pronunciado con una enorme madurez ante este tipo de proyectos editoriales, rechazándolos con claridad". Para la formación, se trata de un tema que "ya tiene un consenso social que hay que escuchar".

Precisamente, el departamento que dirige Ana Redondo, ha avanzado que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.