Un convenio permitirá a los residentes en Andorra acceder a los servicios sociales de la ONCE

El acuerdo también permite la venta de la lotería de la entidad española en el Principado

El Gobierno de Andorra y la ONCE han formalizado este miércoles un acuerdo de colaboración que permite a las persona ciegas o con discapacidad visual grave residente en el país acceder a la atención social que ofrece la organización española.

El jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, ha afirmado que se trata de un hito "fundamental" para la inclusión y la igualdad de oportunidades en el Principado, informa el ejecutivo en un comunicado.

Por su parte, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha destacado que es "un paso muy importante" para ampliar las prestaciones sociales a los ciudadanos de Andorra y ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas ciegas o con baja visión.

El compromiso se recoge en dos convenios distintos: por un lado el firmado con el ministerio de Asuntos Sociales, que contempla la colaboración en la parte social, y del otro, el convenio con el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), que se centra en las condiciones de comercialización de los productos de lotería de la ONCE.

En cuanto a las prestaciones sociales para personas ciegas o con discapacidad visual grave, el documento prevé que sean accesibles para los andorranos y los residentes en el país desde hace un mínimo de tres años, así como los menores que se encuentran en el país, en las mismas condiciones que la ONCE presta a sus afiliados en España.

Concretamente, los beneficiarios podrán disponer de atención educativa, rehabilitación, instrucción en Braille y tiflotecnología o apoyo a la ocupación, además de tener acceso a material para adaptar los sitios de trabajo o entrega de perros guía.

Por otro lado, la Fundación ONCE Baja Visión atenderá a aquellas personas que, aunque no cumplan los requisitos de ceguera total o discapacidad visual grave, tengan una baja visión y dispongan de una discapacidad visual igual o superior al 33%, sin incluir factores sociales, acreditada por la Conava (el organismo de valoración andorrano).

Finalmente, en el ámbito de la formación y el asesoramiento, el Gobierno podrá acceder, por ejemplo, a la formación de profesionales, asesoramiento técnico sobre la legislación en materia de discapacidad y a la orientación sobre accesibilidad de las páginas web del ejecutivo.

El coste de ésta atención social se fija en el 9,5% de las ventas realizadas por la ONCE en el Principado, por lo que la entidad española hará una liquidación anual a Andorra de un 9,5% sobre las cantidades obtenidas de la venta de los productos de la ONCE en el territorio durante al año anterior, y así cubrir los gastos de la atención social.

En el Marco de este convenio, la ONCE está autorizada a comercializar y vender los mismos productos que en España: lotería instantánea de billetes, juegos activos y cupones.

Se ha previsto que Andorra cuente "como mínimo" con un establecimiento fijo de venta de la ONCE y también se prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por miembros del CRAJ y la ONCE.

Los dos convenios están vinculados y entrarán en vigor el mismo día y para el mismo período de tiempo, 5 años, que podrán prorrogarse por acuerdo expreso entre las partes.