SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han acordado abrir una negociación en torno a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) después de que el Ejecutivo central haya señalado "incompatibilidades constitucionales" hasta en una treintena de artículos de la Ley aprobada en el Parlamento andaluz con los votos únicamente del PP. Este mecanismo no es la primera vez que se utiliza. De hecho, recientemente, se ha recurrido a él para limar disparidad de criterios en torno a la Ley de Vivienda de Andalucía.

Esta negociación, adelantada por eldiario.es y confirmada a Europa Press por la Administración autonómica, se articula en torno a una comisión bilateral, tal y como fija la norma. Entre las "incompatibilidades constitucionales" que señala el Gobierno se mencionan las "injerencias" de la LUPA en la autonomía universitaria. En materia de docencia, cuestiona la dedicación al afirmar que la LUPA "desarrolla supuestos de reducción del encargo docente mínimo de 120 horas que la LOSU reserva expresamente a los estatutos universitarios, generando dudas de compatibilidad con la normativa básica".

Asimismo, se refiere al premio de jubilación del PDI y PTAGS como un "complemento retributivo no vinculado a méritos individuales y ajeno al catálogo retributivo habilitado por la LOSU y el Real Decreto 1086/1989, suscitando dudas de compatibilidad con la legislación básica". Igualmente, cuestiona la "obligación de incluir en los planes de estudio la acreditación de una lengua extranjera --nivel B2--, condicionando la estructura curricular universitaria más allá de lo habilitado por el artículo 8.2 de la LOSU y afectando a la autonomía de ordenación académica", dice la nota emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, consultada por Europa Press.

Además, pone en entredicho la creación de una figura contractual --profesor ayudante doctor (en sus siglas PAY)-- "no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral". Sobre la figura del interventor "restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones pública, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción".

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA "obligue a las universidades y centros adscritos privados" a destinar "al menos" el 3% de su presupuesto a becas y ayudas, "afectando a la autonomía económica y financiera y portencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad".

Fueron los rectores de las universidades públicas andaluzas los que ya avisaron de que la LUPA "está en el límite de la inconstitucionalidad". "Bordea en algunos artículos la constitucionalidad", señalaba el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, en su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA.

Oliva lamentaba entonces que el texto que llegaba a la Cámara andaluza "difiere en aspectos sustantivos" al que se analizó por los rectores y que recibió el visto bueno de estos. Los rectores del sistema público andaluz consideraban que la Ley supone "una injerencia política" y pusieron "en entredicho su legalidad" al "invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución" y al "vulnerar" artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, aclararon que "no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo". Finalmente, ha sido el Gobierno en el que ha abierto esta vía judicial que, para evitar, cuenta con el mecanismo legal de la comisión bilateral.