MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas acompañó a un total de 4.081 mujeres víctimas de violencia machista en toda España a través de diferentes recursos y programas especializados, un 11,29% más que el año anterior. Además, ha reclamado al Gobierno que desbloquee la Ley integral contra la trata y explotación de seres humanos.

"Se valora positivamente las medidas legislativas, las políticas y los protocolos que el Estado español ha venido adoptando durante los últimos años para reforzar la lucha contra este grave delito. Sin embargo, el marco normativo en vigor hasta la fecha no recoge medidas que aborden de manera integral y efectiva este grave problema", ha recalcado.

De acuerdo con Cáritas, España está incumpliendo sus obligaciones con la Unión Europea (UE), ya que debe trasponer la nueva Directiva europea sobre la lucha contra la trata de seres humanos que amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales y coordinadas.

Además, ha incidido en que España también está dejando de lado las recomendaciones de diferentes instancias internacionales sobre la adopción de una ley integral contra la trata y un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas, como por ejemplo del Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos.

Por todo ello, Cáritas dice que seguirá trabajando junto a la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) para que la Ley contra la Trata sea aprobada "cuanto antes" y responda "adecuadamente" a las realidades y necesidades de las víctimas.

"Sin embargo, constatamos, en la práctica, una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo español para avanzar en el cumplimiento de este compromiso y de sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos e incertidumbre en dicho proceso legislativo", ha indicado la organización.

Al margen de ello, ha recordado que está trabajando con las Administraciones públicas para dotar de "coherencia práctica" al ordenamiento jurídico sobre violencia machista y no provocar desprotección a las víctimas, ni agravios comparativos en el ejercicio de derechos en función del territorio en el que se encuentren o de su situación administrativa.