HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Huelva ha señalado este miércoles que la vivienda y el empleo son los "principales motores de la exclusión social" en la provincia, de forma que "más de 60.000 personas se ven abocadas a una situación de pobreza una vez pagados los gastos derivados de la vivienda" y más de 50.000 viven en hogares "donde el sustentador principal se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave".

Asimismo, apunta que, en la provincia onubense, unas 85.000 personas viven en hogares "que han tenido que dejar de comprar medicinas o abandonar tratamientos o dietas por falta de recursos", ha indicado en una nota.

Así se desprende del Informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) de Cáritas sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este miércoles en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, que advierte de "la cronificación de la desigualdad" y de un proceso "profundo" de "fragmentación social" en la comunidad andaluza, señalando que "el 23% de la población --casi dos millones de personas-- vive en exclusión social y el 10% lo hace en exclusión severa", fruto de "más de dos décadas de crisis encadenadas --económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional--".

La presentación ha contado con la intervención de la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, y un miembro del equipo de estudios Foessa y coordinador del informe de Andalucía, Daniel Rodríguez de Blas.

El Informe identifica la vivienda como "el principal eje de la exclusión social en Andalucía" y afecta a "casi una de cada cuatro personas". Señala que desde 2018 el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65%, "muy por encima de la evolución de los salarios", lo que ha generado "un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros".

El informe advierte además de que, "aunque solo el 15% de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza". A ello se suman situaciones "cada vez más extendidas de inseguridad residencial", que afectan a "medio millón de personas", y viviendas "inadecuadas" con "problemas de hacinamiento o insalubridad", en las que residen "más de 1,2 millones de andaluces". "Mientras la vivienda no pase a ser un pilar real del Estado del Bienestar, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social", ha advertido Daniel Rodríguez.

El informe andaluz sostiene que la exclusión en la dimensión de la salud aumentó "de forma notable" durante la crisis sanitaria y, "lejos de revertirse, se ha cronificado", pasando a afectar a uno de cada cinco hogares. El principal factor es el económico, "extendiéndose de manera preocupante". Esta realidad en el ámbito de la salud "está erosionando la equidad en el acceso a la sanidad y empuja hacia un modelo de doble velocidad, donde la capacidad de pago marca cada vez más la diferencia", remarca.

Junto a la vivienda, el informe apunta que el empleo es "el segundo gran eje de la exclusión social" y destaca que "la mejora significativa en los indicadores de ocupación no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida". En este sentido, señala que el contexto actual de creciente inflación y "fuerte encarecimiento" de la vivienda ha reducido "de forma drástica" la "capacidad protectora" del empleo, de forma que "los salarios han subido, pero no de manera proporcional, debilitando aún más la capacidad de los ingresos laborales para sostener proyectos de vida dignos".

Según el informe, la exclusión social en Andalucía tiene "rostros claros y repetidos". Así, afecta a "casi la mitad" de las personas con nacionalidad extranjera (48%), "más del doble" de quienes tienen nacionalidad española (20%). La exclusión "no solo es económica, también es cívica y democrática: más de 580.000 personas viven en Andalucía en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas".

El segundo rostro es el de la infancia y la juventud. "Casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión (29%). La juventud andaluza afronta un proceso de emancipación marcado por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido. Se trata de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social", ha apuntado Rodríguez de Blas.

Finalmente, la exclusión afecta con "mayor intensidad" a quienes viven en hogares encabezados por mujeres. "A la brecha de ingresos se suman la precariedad laboral, la carga de los cuidados y las dificultades de acceso a la vivienda", ha enumerado.

El 10,2% DE LA POBLACIÓN, EN EXCLUSIÓN SEVERA

Según el informe, en 2024 la exclusión social afecta al 23,1% de la población andaluza, "es decir, que casi dos millones de personas en Andalucía tienen dificultades para participar con normalidad en la vida social". Una proporción, señala, "claramente superior a la media estatal (19,3%) que procede de una mayor exposición histórica a la desigualdad, la precariedad laboral y la fragilidad de los mecanismos de la protección social".

De otro lado, matiza que "especialmente preocupante es el peso de la exclusión severa", que "alcanza ya al 10,2% de la población" y que "no deja de crecer desde 2018". Al mismo tiempo, el informe "constata un retroceso de la integración plena: solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy ningún indicador de exclusión social en Andalucía".

El informe Foesaa Andalucía "constata" un modelo social "con signos evidentes de agotamiento" que genera "desigualdad, precariedad y fragmentación social". Se afirma que "la exclusión social es la expresión de grietas profundas en nuestro modelo de desarrollo" y se denuncia, además, que se trata de un modelo "ecológicamente insostenible".

Frente a un relato "profundamente individualista", el informe plantea "un cambio de rumbo" sustentado en "tres pilares fundamentales: una sociedad civil activa, capaz de tejer vínculos, sostener a quienes quedan al margen y exigir respuestas colectivas; instituciones públicas fuertes que impulsen políticas coherentes en vivienda, empleo, migración, protección social y fiscalidad para que nadie quede atrás y el cuidado sea el centro del pacto social; y una clase política valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios a la altura de los desafíos que enfrentamos".