BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) y al Grupo III de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, llevaron a cabo este miércoles el desalojo de un inmueble ocupado en Sondika (Bizkaia) y cuatro de sus inquilinos, de nacionalidad extranjera y con antecedentes por diferentes delitos, fueron trasladadas a dependencias policiales al encontrarse en situación irregular en el país.

Se trata de un operativo conjunto, en colaboración con la Ertzaintza y la Policía Local, y que se desarrolló en cumplimiento del mandamiento judicial que así lo ordenaba.

El objetivo era proceder al desalojo de un domicilio ocupado de manera ilegal. Durante la intervención, los agentes de la Ertzaintza fueron los encargados de identificar y desalojar a las personas que se encontraban en el interior del inmueble.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional verificaron la identidad y situación legal en el país de los ocupantes, dado que todos ellos eran de nacionalidad extranjera.

Como resultado, cuatro varones, mayores de edad -tres de nacionalidad marroquí y uno de nacionalidad argelina- fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional en Bilbao. Todos ellos cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre los que se incluyen robos con fuerza, robos con violencia, ocupación de inmuebles y resistencia a la autoridad.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación se desarrolló con total normalidad y sin incidentes y, una vez finalizadas las diligencias policiales, el inmueble fue restituido a su propietario, dando cumplimiento al mandato de la Autoridad Judicial.

Asimismo, ha destacado que el operativo conjunto pone una vez más en valor la colaboración policial, "no solo en materia de ocupación ilegal de viviendas, sino también en otros ámbitos relacionados con la seguridad ciudadana", coordinación que, a juicio de la Policía Nacional, permite ofrecer "una respuesta más eficaz ante los retos de la seguridad pública, y garantiza tanto el cumplimiento de la legalidad como la protección de los derechos de los ciudadanos".