MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros, se debatirá y votará este jueves en el Pleno del Congreso para decidir si se convalida o se deroga.

Como todo decreto ley, el texto está en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su aprobación en Consejo de Ministros. Sin embargo, tiene que ser llevado al Congreso en un plazo máximo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.

El Gobierno ha decidido no apurar los plazos y elevar el texto al Pleno del Congreso el próximo jueves, 18 de junio, según consta en el orden del día recogido por Europa Press.

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite a las comunidades autónomas, a excepción de los régímenes forales de País Vasco y Navarra, recibir de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden del sistema de financiación autonómica, como la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido del IVA y otros impuestos.

En la exposición de motivos del decreto ley, el Gobierno esgrime que los Presupuestos se convierten cada año en el "instrumento necesario" para dotar a las autonomías y las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial, a través de las entregas a cuenta que se deben transferir.

Sin embargo, como las cuentas públicas llevan prorrogadas desde 2023, el Ejecutivo advierte de que las entregas a cuenta "deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados". Además de dichas entregas, la propuesta también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2026 alcanzaría los 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio anterior.

El decreto que tiene que votarse en el Congreso también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones, un 8,8% más que el ejercicio pasado.

Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto, según el ministro, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras. Esta medida, según Hacienda, puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.

Del mismo modo, se ha habilitado un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos reciban ese remanente que tienen, destinarlo a políticas de vivienda que se lo puedan gastar en los cuatro años siguientes.