Cinco asociaciones del sector inmobiliario catalán han pedido que el Govern retire la proposición de ley sobre compra especulativa, tras el dictamen negativo del Consell de Garanties Estatutàries, que han dicho que evicencia "vulneraciones constitucionales y estaturarias de gran trascendencia", en un comunicado este miércoles.
Han firmado la demanda la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya y el Consell Oficial de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.
Las entidades han explicado que "un pronunciamiento de esta contundencia jurídica debería comportar la retirada de la iniciativa" y que se abra un proceso de reflexión sobre el tipo de medidas que se deben impulsar para afrontar el problema de la vivienda.
Han asegurado que el dictamen "no se limita a formular observaciones puntuales", sino que cuestiona elementos esenciales del texto.
Ha subrayado que la crisis de la vivienda "requiere medidas eficaces, estables y respetuosas con el marco constitucional y estatutario".
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