ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Manuel Rey Bellot ha pospuesto hasta el 4 de junio el inicio de las declaraciones en el marco de la instrucción del caso 'Mascarillas' de Almería, que indaga sobre el cobro de comisiones ante supuestos amaños en adjudicaciones de obras y servicios con empresas afines en la Diputación Provincial de Almería, tras atender la petición de una de las partes que alegó que debía asistir a una vista oral señalada previamente.

El instructor suspende así las primeras declaraciones previstas para el 28 de mayo, cuando iban a declarar el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria y al empresario Kilian L.S., a quienes se atribuye el grueso de la primera parte de la investigación mediante la adquisición por dos millones de euros de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19 y una supuesta 'mordida' a dicho contrato de 900.000 euros.

En su providencia, consultada por Europa Press, el juez accede a que el empresario pueda comparecer por videoconferencia desde Barcelona el 4 de junio a las 11,45 horas. Cabe recordar que ese mismo día está previsto que declaren, entre otros, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien pese a encontrarse investigado desde el principio, no fue arrestado hasta el pasado mes de noviembre de 2025.

Giménez, junto con Óscar Liria y el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García --quien declarará el 26 de junio--, conformaban un grupo de Whatsapp denominado 'Naranjito' en el que, según los investigadores, intercambiarían mensajes en clave mediante lenguaje odontológico para hablar del cobro de supuestas comisiones en la adjudicación de obra pública.

En el caso de Liria, su declaración ha quedado fijada para el 5 de junio, cuando también declarará su hermano Francisco Jesús L.S. así como a varios empresarios. El juez también desplaza la declaración original de la investigada H.L.M. al 12 de junio.

El juez deja en suspenso, por el momento, la declaración de cuatro empresarios prevista para el 18 de junio después de que el abogado de uno de ellos manifestara que, en la misma fecha, debe asistir en un juicio de la Audiencia de Almería. Así, el instructor ordena que se certifique la fecha en la que se acordó el señalamiento de dicho juicio antes de resolver la petición.

El resto del calendario de citaciones se mantiene, por el momento, como originalmente se dispuso. De este modo, el también expresidente del PP almeriense declarará en último lugar junto con sus hermanos Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M., quienes fueron señalados por la Guardia Civil junto con la sociedad familiar que gestionan como supuestos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido malversados y dedicados al pago de propiedades de García y otros gastos personales.

El 11 de junio será el turno del exalcalde de Fines --tío de Liria--, Rodrigo Sánchez Simón. También llama a declarar al hijo de este ante las sospechas mantenidas durante toda la causa por sus contrataciones con la Diputación a través de sus empresa.

Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien declarará el último de esos días.

El juez instructor acordó tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares.

El instructor resolvió seguir con la toma de declaraciones mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos.

También solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas.

En este sentido, los agentes diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros, las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos y principalmente, el expresidente de la Diputación.

Sobre esta última parte, la UCO reduce a los cargos públicos los indicios una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" con García a la cabeza, como presidente de la institución provincial, aunque también con sus dos hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria como implicados, a los que se uniría el empresario Kilian L.S.

Para los investigadores existen evidencias de que, en algunos casos, Liria habría actuado "como intermediario en el cobro de las comisiones" de modo que habría sido él quien habría percibido los fondos que, posteriormente, habría hecho llegar al respeto de cargos públicos.