MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, copará el Pleno de la Asamblea de este jueves.

Este caso ha dominado la actualidad informativa esta semana con el imputado tomando la palabra así como varios testigos como el propio González Amador, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato o la actual secretaria de Organización del partido y exasesora en Moncloa, Pilar Sánchez Acera.

El lunes arrancaba con García Ortiz negando que fuera autor de la filtración que se le atribuye, mientras que el martes Miguel Ángel Rodríguez afirmaba que se vio obligado a filtrar que había negociaciones con Fiscalía pero que dedujo lo de "órdenes de arriba" y el novio de la presidenta acusaba al fiscal general del Estado de haberle "matado públicamente". "O me voy de España o me suicido", llegaba a decir.

Por su parte, Lobato negaba que el 'email' le llegara de Fiscalía y aclaraba que preguntó sobre de dónde venía porque se podía interpretar que venía de esa instancia, al tiempo que Sánchez Acera afirmó que el pantallazo con oferta de pacto del novio de Ayuso le llegó de la prensa.

Periodistas, miembros del organigrama de Moncloa y de la Fiscalía de Madrid han pasado también por la sala del Tribunal Supremo en un juicio que continuará aún varios días.

Por su parte, Ayuso el martes pedía que se dejara hacer "su trabajo sin interferencias" a la Justicia y afirmaba que no le van a "meter" en este asunto". "Pienso que también está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso", afirmaba.

La mandataria madrileña ha cargado duramente el último año contra el fiscal general del Estado a quien ve como una pieza de una "operación de Estado" contra ella, un rival político de Moncloa.

Por su parte, este lunes en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces PP insistía en la "absoluta anomalía" de tener un fiscal general del Estado en el banquillo, mientras que Vox aseguraba sentir "vergüenza y bochorno" por esta situación.

En cambio PSOE y Más Madrid ponían el foco en González Amador subrayando el primero que "se lo llevó crudo durante la pandemia y defraudó", mientras que el segundo ve esta causa como una "estratagema" para que "no se hable de los negocios de Villa Quirón".

Previsiblemente este será el tema que domine la sesión de control a la presidenta regional a pesar de que Vox preguntará sobre menores infractores, PSOE sobre los Presupuestos para 2026, Más Madrid sobre la financiación de la sanidad pública, y PP sobre el transporte público y las inversiones recibidas desde el Gobierno central.

A continuación, en las dirigidas a los consejeros se tratarán temas como las medidas para evitar incrementos del precio de la vivienda, las modificaciones del Ejecutivo nacional que afectan a la Justicia, la libre elección sanitaria, el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, la enseñanza universitaria, el cribado de cáncer o la Estrategia de Terapias Avanzadas.

Tras ello llegará el debate de las enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición para el Proyecto de Ley de Hacienda aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de septiembre.

Entonces el Ejecutivo autonómico afirmó que buscaba "reforzar" la seguridad jurídica, simplificar la administración pública regional y ordenar de forma "más eficiente" la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público.

Entre sus principales novedades, "ordena y moderniza el funcionamiento del sector público y mejora su sistema contable, avanza en la planificación presupuestaria y el control financiero, refuerza la comunicación y la transparencia con la Asamblea y conlleva una reforma profunda de la Ley de Subvenciones".

Por ejemplo, se define la naturaleza de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, incluyendo a las que forman parte de un grupo, y dentro de estas a las contempladas en el supuesto del artículo 42 del Código de Comercio. Se adapta así a la normativa estatal y se reconoce la realidad específica de estos entes en la región.

Este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces Más Madrid, PSOE y Vox expresaron su rechazo a esta norma por varias causas.

Más Madrid considera que es la "consolidación del marco de austeridad presupuestaria" procedente de la 'Ley Montoro' que, a sus ojos, "ahoga los servicios públicos y que pone el marco para la intervención de las universidades públicas mediante el control de sus cuentas". Sus enmiendas parciales se centran en regulación de contratos menores, mejora de financiación universitaria y analizar los beneficios fiscales.

PSOE señaló que su Grupo ha presentado una enmienda a la totalidad porque esta nueva ley es "un 155 encubierto de la Comunidad de Madrid" al "disminuir los controles parlamentarios, invadir competencias y subordinar la Cámara de Cuentas". "Una más de la señora Ayuso que desde luego el Partido Socialista va a tratar de frenar", planteaba.

Desde Vox cargaban contra una ley que "no aporta mejoras reales a la vida de los madrileños" y que "lo único que hace es proteger los intereses políticos concretos de la Comunidad de Madrid".

Una vez debatidas las enmiendas, será el turno de la toma en consideración de la Propuesta de Ley de Más Madrid para cambiar la Ley de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad para que se acepte la recogida de firmas en formato electrónico.

La comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, será el siguiente punto del día y tomará la palabra a petición del PSOE para dar cuenta de la deuda actual que Madrid Network tiene con el Ejecutivo regional.

Los socialistas explicaban el 27 de octubre que su objetivo era que se explicaran los "millones perdidos" en esta entidad que tachaban de "chiringuito", que cifraban en 80 millones de euros, en la que trabajó en su momento Ayuso. El PP afirmaba que se trataba se una "cortina de humo de la izquierda" que intentaba "analizar qué ocurrió en gobiernos anteriores".

El siguiente punto del orden del día será una moción del PSOE subsiguiente a la interpelación del último pleno de octubre sobre Política General del Consejo de Gobierno en materia de Cooperación al Desarrollo.

En la misma reclama que se cree un fondo autonómico de emergencias humanitarias para hacer frente a crisis "como las vistas en la Franja de Gaza". Pide, en primer lugar, crear el citado fondo gestionado en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) acreditadas y en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que permita responder de forma inmediata a crisis como la de Gaza.

En las PNL Más Madrid buscará que la Asamblea pida que se modifique el tipo fijo básico del 6% en el impuesto de trasmisiones patrimoniales a una tarifa variable en función del valor del inmueble. Hasta 450.000 euro un 2 % y a partir de 450.001 un 6%.

Vox buscará lo propio para reclamar al Gobierno central varias medidas en vivienda como suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio y al de la Comunidad a reducir el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o se hagan deducciones por compra, alquiler o compra de vivienda habitual.