MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, para su debate en Pleno, en la que insta al Gobierno a realizar una auditoría "integral" del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.

   En concreto, según se desprende de la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama una auditoría "técnica, operativa y judicial independiente" del sistema Cometa, encargado de las pulseras de control telemático para maltratadores, desde el cambio de proveedor, en 2023.

    Las reclamaciones del PP tienen lugar después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en los dispositivos telemáticos para maltratadores.

    En este sentido, los 'populares' solicitan la evaluación del impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas, con detalle por comunidades autónomas y provincias.

   Asimismo, piden aportar a la comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas.

   En cuanto a los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema Cometa desde 2023, el PP quiere que se informe sobre las características concretas de los mismos, con detalle de sus certificaciones técnicas, homologaciones para la actividad para la que se utilizan y controles de calidad que garanticen su fiabilidad.

   También pide que el Ejecutivo informe sobre la compra concreta de esos dispositivos por parte de la empresa adjudicataria, con detalle de su coste y de sus proveedores, así como de las razones para que se pasase de un modelo de alquiler de terminales a su adquisición por parte del Ministerio de Igualdad.

   Igualmente, solicita información sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad y respuesta y pide sustituirlos "si su solvencia técnica se revela como inadecuada para la seguridad de las víctimas".

   Por otro lado, pide que se informe a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género del Congreso, en un plazo máximo de 60 días, sobre las causas técnicas de "los diferentes fallos que se detectan"; las medidas adoptadas para "recuperar o reconstruir los datos perdidos"; los protocolos actuales de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema; y las medidas de mejora que se están poniendo en marcha para "subsanar los continuos y múltiples errores".

   Además, apuesta por establecer un mecanismo de supervisión permanente, con participación de las diferentes administraciones concernidas, "para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias".

   Finalmente, llama a reforzar la información en los juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el uso y control de estos dispositivos y las mejoras realizadas, "asegurando una respuesta rápida ante cualquier fallo técnico".