MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -El PSOE y sus socios parlamentarios han expresado este martes su apoyo a comenzar a tramitar en el Congreso una proposición de ley del PNV para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de que este órgano judicial sea el que "tenga la última palabra" sobre los traspasos de competencias y evitar que los tribunales ordinarios "los bloqueen".
El PNV había presentado esta iniciativa después de que el pasado mes de abril el Tribunal Supremo anulara la transferencia a Euskadi de esta competencia acordada entre las Administraciones del Estado y vasca. Y ha sido este martes cuando el Pleno del Congreso ha debatido sobre su toma en consideración, contando con el apoyo explícito de todos los grupos que han intervenido salvo PP y Vox.
Según explica la reforma legal, a la que ha tenido acceso Europa Press, "los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias".
En este sentido, apunta que el artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de estas entre sí.
"Es, por ello, necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el artículo 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas", recoge la Proposición de Ley.
En este contexto, el PNV ha logrado el aval de los partidos del bloque de investidura a esta tramitación, ya que tanto el PSOE, como Podemos, ERC, EH Bildu, Sumar y Junts han anunciado su voto favorable, aunque algunos han anunciado que introducirán enmiendas durante su camino parlamentario.
En el caso de la diputada socialista Rafaela Romero, ha cargado contra el PP y ha justificado su apoyo por una "convicción inequívoca de que la España plural necesita reforzar los mecanismos que hacen realidad el autogobierno para que estén más protegidos".
Desde Podemos, la diputada Martina Velarde ha avalado que se habilite un proceso legal para permitir al Constitucional "revisar y evaluar" la interpretación de las competencias, ya sean estatales o autonómicas.
Por su parte, los representantes de EH Bildu, ERC y Junts han adelantado su voto a favor, aunque han cargado contra el Tribunal Constitucional, al que algunos han definido como "árbitro de parte" y lo ven como "un parche", por lo que han avanzado que intentarán meter enmiendas.
En Sumar también ven con buenos ojos esta propuesta del PNV porque, a su juicio, "la iniciativa encauza conflictos de delimitación competencial a través del Tribunal Constitucional por dos vías claras, el recurso subsidiario y la cuestión prejudicial".
En el otro lado se han situado los diputados de PP y Vox, que han expresado su rechazo a esta reforma legal planteada por el PNV para cambiar la ley del Constitucional.
El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha cargado contra el actual Constitucional y cree que la proposición de ley "pretende atribuir al Tribunal el conocimiento de aquellos conflictos derivados de los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencia o de las juntas de seguridad en detrimento de la jurisdicción ordinaria".
La propuesta tampoco ha encontrado el apoyo del PP, que, en palabras de su diputado Enrique Belda, ha replicado al PNV que "estos saltos al vacío no se sostienen jurídicamente": "Y tampoco creo que le convenga políticamente a la ciudadanía vasca".
"Cuando quieren trasladar esta competencia al tribunal constitucional lo que subyace es una acusación a mayorías que quizá intentan cambiar ese orden de las decisiones constitucionales y que pasen por encima de la justicia ordinaria", ha sentenciado.
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