VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana (PTS CV) analizará "artículo por artículo" la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 y el texto definitivo que resulte de esta tramitación, una vez publicado, y ofrece a todos los grupos de Les Corts y al Consell diálogo técnico para que su aplicación y desarrollo respeten plenamente el marco de igualdad y no discriminación.

Este viernes, el pleno de Les Corts ha aprobado la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 con los votos de PP y Vox. Varias de las enmiendas incluidas por estos dos grupos introducen el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda.

En un comunicado, PTS CV reclama a los grupos parlamentarios que revisen o rechacen las disposiciones que introducen criterios de arraigo, residencia o situación administrativa susceptibles de desplazar la valoración de la necesidad social en el acceso a la renta valenciana de inclusión, los servicios sociales, la vivienda y las políticas de integración. Su objetivo es anteponer "la necesidad y no el origen" en los derechos sociales.

Desde la plataforma recuerdan que "la igualdad de trato es derecho vigente, no una opción". El marco internacional y europeo de derechos humanos, la Constitución --en particular, sus artículos 9.2, 10, 13, 14, 39, 47 y 49--, la Ley Orgánica 4/2000, la Ley 15/2022 y la legislación valenciana obligan a respetar la igualdad y la no discriminación por origen, dentro del ámbito y con los requisitos establecidos por cada norma. "La configuración y aplicación de las prestaciones sociales debe atender a la necesidad y la vulnerabilidad, sin introducir diferencias de trato carentes de una justificación objetiva, legítima y proporcionada", subrayan.

PTS CV muestra su preocupación por varias disposiciones incorporadas al dictamen aprobado este viernes. En materia de vivienda, el texto incorpora como criterio de baremación, "no como exclusión automática", un historial acumulado de al menos 15 años de empadronamiento efectivo en España; este criterio también se puede acreditar mediante el empadronamiento de los ascendientes de primer grado del solicitante.

Para las nuevas inscripciones en el registro de demandantes exige cinco años de empadronamiento histórico cuando se opte a vivienda en alquiler y diez cuando se opte a vivienda en compra, y vincula el derecho legal a una vivienda asequible a cinco años de residencia continuada o interrumpida.

Para la renta valenciana de inclusión establece, con carácter general y sin eliminar las excepciones legales, tres años continuados de empadronamiento inmediatamente anteriores a la solicitud o diez dentro de los 30 anteriores, de manera continuada o interrumpida.

Además, introduce conceptos como el "arraigo real, duradero y verificable" y prevé un posterior desarrollo reglamentario que, según el propio dictamen, "deberá contemplar la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural y limitar su acceso a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

El Tercer Sector valenciano advierte del posible impacto de estas disposiciones sobre personas en situación de pobreza, familias con niñas y niños, personas con discapacidad o en situación de dependencia y personas en emergencia habitacional. Exige además que cualquier aplicación o desarrollo preserve la acción concertada con las entidades de iniciativa social.

"La escasez se combate con recursos, no con exclusiones. Restringir el acceso no aumenta por sí mismo la oferta de vivienda, plazas o profesionales y puede desplazar necesidades no atendidas hacia los ayuntamientos, la sanidad y las entidades sociales. El sistema valenciano de protección social se construyó sobre una idea simple: atender primero a quien más lo necesita. Defender hoy esa idea es defender la igualdad, la protección social y la dignidad de las personas. En eso, el Tercer Sector valenciano no se va a mover", manifiesta el presidente de la plataforma, Luis Vañó.