Junts ha llevado este martes al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans por considerar que vulnera la Constitución y el Estatut, principalmente lo relativo al principio de seguridad jurídica y su proyección en el ordenamiento catalán.
Lo han explicado fuentes parlamentarias de Junts el día antes de que la iniciativa se debatiera en el pleno del Parlament, donde llegaba al final de su tramitación con 39 enmiendas vivas de Junts.
El texto crea el centro para "prevenir, investigar, evaluar y supervisar las actuaciones en el exterior de las empresas públicas y privadas que operan en Catalunya que pueden atentar contra los derechos humanos o el medio ambiente".
También prevé un procedimiento para presentar quejas, individuales o colectivas, y sanciones de hasta 50.000 euros las más graves, y otras que puedan conllevar la prohibición de recibir ayudas o subvenciones de la Generalitat o de firmar contratos con la administración durante un año.
Para Junts, la proposición de ley genera "inseguridad jurídica porque utiliza conceptos jurídicos indeterminados, define de manera imprecisa los sujetos obligados y no delimita claramente las competencias del centro".
Además, consideran que el régimen sancionador es "desproporcionado, ya que puede imponer sanciones muy graves por conductas procedimentales y sin criterios claros para aplicarlas".
La iniciativa contempla que el máximo órgano del centro sea una junta de gobierno, con 11 miembros, 8 de los cuales elegidos por el Parlament, con el apoyo de como mínimo tres grupos y una mayoría de tres quintas partes de la Cámara catalana, y 3 designados por el Govern.
La citada junta deberá elegir el director del órgano, que también tendrá un consejo asesor.
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