La Abogacía de Barcelona considera que hubiese sido "positivo para todo el mundo" que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hubiese fijado criterios claros sobre la documentación que las personas migrantes que quieran acogerse a la regularización extraordinaria deben entregar para acreditar haber permanecido en España durante los 5 meses anteriores a presentar la solicitud.
Lo ha manifestado este martes el abogado y diputado de la Junta de Gobierno responsable de la Comisión de Extranjería del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Quim Clavaguera, en un encuentro en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ha presentado el decano Joan Maria Morros, cuando está a punto de cumplirse el primer mes de la aprobación por parte del Gobierno.
En este sentido, Clavaguera ha subrayado que debería ser suficiente con aportar el padrón y un pasaporte sin sellos de salida de España, pero ha señalado que ante la "indefinición" de criterios, muchos de sus compañeros optan por aportar documentos adicionales si la persona no estaba empadronada.
Entre ellos, documentos que certifican que estuvo cada semana, durante los 5 meses previos a la solicitud, en España, como justificantes de asistencias al médico, una tarjeta de la biblioteca o del transporte público, compras, tarjetas de telefonía móvil o envíos de dinero a su país de origen, lo que supone un gran volumen de documentación que no saben si tendrá validez.
Por eso, ha dicho que hubiese positivo fijar unos criterios, no solo para los beneficiarios de la medida, sino también para los funcionarios y la propia Administración, pues no es lo mismo recibir un expediente con cuatro documentos adjuntos a uno con más de un centenar.
Clavaguera ha subrayado que los efectos de la regularización extraordinaria "pueden ser muy positivos", porque muchas de las que se acogerán son personas migrantes que entraron en Catalunya y España de forma regular, que estaban trabajando o intentando trabajar y que, al quedarse sin papeles, se vieron abocadas a la economía sumergida.
Además, el abogado ha señalado ante las críticas al proceso que las personas que están realizando los trámites para regularizar su situación, "a la larga se habrían regularizado".
No obstante, Clavaguera ha dicho que, a su parecer, se ha corrido mucho, porque el periodo para presentar los expedientes ha quedado reducido a dos meses y medio, lo que ha generado "ansiedad" entre todos aquellos que se quieren acoger a esta medida.
A esto se suman los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y entidades como Vox y Hazte Oír, que han solicitado la suspensión cautelar del Real Decreto, lo que ha aumentado la sensación de "muchos nervios" ante la posibilidad de que quien no ha presentado la documentación ya no pueda hacerlo.
Otro de los puntos que ha generado más preocupación es el informe de vulnerabilidad, un documento expedido por las Administraciones Públicas a través de los Servicios Sociales y que, en el caso de esta regularización, pueden emitir también entidades colaboradoras.
Clavaguera ha destacado que hay ayuntamientos, como el de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, que lo han hecho "muy bien", atendiendo a miles de personas en espacios especialmente habilitados para tal efecto, como La Farga, así como el de Badalona, del que inicialmente se creyó, por su político, que no pondría medios.
En el otro extremo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que "gente que no tiene los mismos requisitos" que la Abogacía para operar, en referencia a entidades colaboradoras, tramiten este informe de vulnerabilidad y ha alertado sobre un problema de intrusismo.
Desde la Abogacía --que no ha sido habilitada para expedir este informe de vulnerabilidad--, consideran que se ha perdido una oportunidad de ordenar este sector y alertan de que los daños que se puedan causar a la persona que podría acogerse a la regularización "son difíciles de reparar".
Así las cosas, Clavaguera ha señalado estar preocupado por aquellos que realizan los trámites por sí mismos y también de que algunas entidades colaboradoras no lo estén haciendo de forma correcta.
En este sentido, ha subrayado que las entidades colaboradoras no ofrecen garantías de que alguien se haga responsable del expediente, mientras que en el caso de la Abogacía si existe un fallo hay toda una serie de mecanismos que pueden compensar al afectado, mientras que el compañero responsable puede ser sancionado.
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