ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha invitado a este viernes al Ayuntamiento de Zaragoza a acudir a los tribunales para dirimir el conflicto abierto por la liquidación del convenio de barrios rurales. El diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz, ha defendido que los hechos "son muy claros" y ha asegurado que una resolución judicial confirmaría que el Consistorio debe devolver 2 millones de euros a la institución provincial.

"Como comprenderán no nos asusta que el Ayuntamiento diga ahora que va a ir a los tribunales. Al revés, les invitamos a que lo hagan. Los jueces dejarán claro que el Ayuntamiento debe 2 millones de euros a la Diputación y que si les llegamos a transferir lo que nos reclaman, en vez de 2 millones nos deberían 6", ha afirmado Sanz.

El diputado ha realizado estas declaraciones tras la polémica suscitada en torno al convenio de barrios rurales y después de que el Ayuntamiento haya cuestionado la interpretación que realiza la isntitución provincial sobre su liquidación.

Sanz ha explicado que el Consistorio todavía no ha respondido a la petición de la DPZ para celebrar una comisión de seguimiento del convenio los próximos 27 o 28 de julio. Según ha indicado, la Diputación volverá a solicitar una fecha para la reunión y, si finalmente no se celebra, recurrirá a la vía judicial para resolver el conflicto.

"Volveremos a reiterarles la petición de que nos digan una fecha y, como ya dijimos el martes, si no quieren que nos reunamos, además de demostrar que no tienen razón ni razones, nos obligarán a liquidar el convenio en los tribunales", ha advertido.

Durante su comparecencia, Miguel Sanz ha insistido en que el convenio debía estar ejecutado al cien por cien antes del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que, según la Diputación, finalizaba su vigencia.

"Más allá de la escenificación y de los cartelitos con cifras tergiversadas, más allá de las mentiras, la desvergüenza y la falta de rigor, lo que tienen que saber los ciudadanos es que el convenio tenía que estar ejecutado al 100% el 31 de diciembre de 2024, que es cuando vencía", ha manifestado en referencia a las últimas declaraciones del concejal de Barrios Rurales, Alfonso Mendoza.

El diputado provincial ha asegurado que, cuando expiró el acuerdo, el Ayuntamiento únicamente había ejecutado 3 de los 9 millones de euros comprometidos para nuevas actuaciones. "Ellos mismos reconocieron días antes que el convenio no estaba ejecutado. A esa fecha solo habían ejecutado 3 de los 9 millones de euros que debían invertir en obras nuevas", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que, si el Consistorio pretendía prorrogar el convenio, debía haber aceptado la convocatoria de una comisión de seguimiento antes de que este expirase. "Tampoco lo hicieron. No quisieron reunirse y dejaron que el convenio muriera a pesar de que ya estaban advertidos por su propia Intervención de que debían renovarlo o acordar una modificación", ha añadido.

El responsable de Barrios Rurales en la DPZ ha acusado además al Ayuntamiento de mantener una postura "trumpista" al actuar, a su juicio, "como si el convenio hubiera seguido vigente" pese a haber expirado.

Frente a ello, ha defendido la actuación de la Diputación, que asegura haber seguido una interpretación "seria y rigurosa" del acuerdo. En este sentido, ha reiterado que el convenio decayó el 31 de diciembre de 2024, que el Ayuntamiento solo ejecutó una tercera parte de las inversiones comprometidas y que perdió el derecho a percibir los 4 millones de euros que todavía no habían sido transferidos.

Además, ha insistido en que los otros 2 millones de euros ya abonados por la Diputación y que, según sostiene, no fueron ejecutados deberán ser reintegrados por el Ayuntamiento. "Esos 2 millones nos los tienen que devolver, tal y como vamos a pedirles, si nos dejan, en la próxima comisión de seguimiento", ha afirmado.

Por último, Miguel Sanz ha reiterado la disposición de la institución provincial a negociar un nuevo convenio para los barrios rurales de Zaragoza, aunque ha condicionado esa posibilidad a la liquidación definitiva del anterior acuerdo.

"Como ya dijimos el martes, antes hay que liquidar el anterior. Y viendo lo que está haciendo el Ayuntamiento estos días nos tememos que, desgraciadamente, no están por la labor", ha lamentado el diputado, quien ha insistido en reclamar al Consistorio que acepte la celebración de la comisión de seguimiento para intentar cerrar el conflicto por la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.