MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Extremadura tramitará la subida salarial del 2,5 por ciento para este año acordada por el Gobierno central con los sindicatos a en torno a 50.000 empleados públicos de la región "tan pronto" como el Consejo de Ministros apruebe la medida, que en la comunidad tendrá un impacto para las arcas regionales de unos 68 millones de euros.

   De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha hecho una valoración "positiva" de que la Administración central "por fin" se siente a negociar dicha subida con los agentes sociales "después de muchos meses de inacción, de olvidarlo, y de no valorar realmente lo que hacen los empleados públicos"; y ha recordado que en todo caso la medida primero debe ser aprobada en Consejo de Ministros y posteriormente en Consejo de Gobierno autonómico.

   En este sentido, sin poder concretar aún una fecha para el cobro de esa subida a la espera de su aprobación a nivel estatal y posteriormente a nivel regional, Manzano ha apuntado que supondrá un impacto en las cuentas extremeñas de unos 68 millones de euros (16 millones más respecto a la cifra de subida del 2 por ciento que ya tenía presupuestada la Junta).

   Esa mejora salarial va a beneficiar en torno a 50.000 empleados públicos en la comunidad, con cifras que dependerá del salario que tengan de base cada uno de ellos, ha explicado la consejera, quien ha remarcado que "en cuanto" se apruebe formalmente la medida en Consejo de Ministros y la Junta haga lo propio en Consejo de Gobierno "se abonará" el incremento.

   Así lo ha señalado en declaraciones a los medios la consejera antes de participar este viernes en Mérida en el Foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', organizado por el periódico HOY.

   Por su parte, preguntada sobre el rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, la consejera extremeña ha defendido la negativa a la situación de reparto que plantea el Ejecutivo nacional a las CCAA por considerarla "totalmente injusta".

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