MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convertir la educación, "un bien público y un derecho constitucional, en un negocio para unos pocos".
"El ejemplo más evidente de cómo convertir a los estudiantes en clientes. Es la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades públicas", ha asegurado este miércoles Morant en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.
En este sentido, ha cargado contra el modelo de la Comunidad de Madrid: "Estrangular financieramente a la universidad pública mientras se deja crecer sin control a las privadas, aunque no siempre cumplan los estándares exigibles de calidad".
"La presidenta Ayuso no piensa en los estudiantes, piensa en los clientes, en clientes potenciales de la universidad", ha advertido Morant, que ha recordado que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra el nuevo real decreto de creación de universidades porque "choca con su estrategia de dejar vía libre a un crecimiento sin control de universidades privadas sin exigencias firmes en docencia e investigación, sin criterios de calidad aprobados".
Ante este escenario, ha defendido que el Gobierno tiene la "obligación de actuar porque es imprescindible asegurar y exigir la calidad de todas las universidades, y muy especialmente de aquellos proyectos privados que pretenden aprovechar la oportunidad de negocio que genera la asfixia de la universidad pública".
Así, Morant ha detallado que desde el año 2018 el Ministerio ha emitido 25 informes, 13 de los cuales eran desfavorables y 5 de ellos "ya han sido autorizados por ley autonómica": 1 en la Comunidad de Madrid, 1 en Extremadura y 2 en Canarias.
En cuanto a los ocho pendientes de aprobación, ha señalado que también podrían ser autorizados por las comunidades autónomas a pesar de contar con un informe desfavorable, al haberse iniciado estos expedientes previamente al real decreto.
Respecto al atasco en la resolución de expedientes de homologación de títulos universitarios, la ministra ha explicado que durante años el real decreto que imperaba para la regulación y la convalidación de estos títulos de personas extranjeras era el real decreto del año 2014, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que "provocó un atasco estructural en el sistema de homologaciones".
"Antes de acabar el año presentaremos un informe detallado, pero si en 2024 duplicamos las resoluciones pasando de las 20.000 de 2023 a las 40.000 y me comprometía que en 2025 alcanzaríamos 80.000, vamos a cumplir ese objetivo. Es un salto incuestionable", ha manifestado.
También ha hecho referencia a la política espacial y a la última reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), en la que España "ha dado un paso que hace apenas una década era inimaginable", al situarse como el cuarto país que más inversión destina a la ESA junto con Alemania, Francia e Italia.
"En 2022 conseguimos el hito de dos nuevos astronautas, Pablo Álvarez y Sara García, subimos de 250 millones a 300 millones de euros. No señalo lo de Pablo Álvarez y Sara García, desde luego son magníficos y excelentes profesionales, pero la ESA funciona así. Hay que aplicar a exploración espacial y eso tiene un retorno", ha afirmado.
En la última ministerial en Bremen (Alemania), España ha subido de 300 a 455 millones de euros al año, un 50% más, para impulsar "formar parte del núcleo de las decisiones sobre exploración espacial, misiones científicas, observación de la Tierra, del clima, sostenibilidad, seguridad espacial y nuevos lanzadores".
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