MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Las ONG de infancia han calificado de "urgente" la necesidad de aprobar la prestación universal por crianza, de 200 euros al mes por hijo, anunciada esta semana por el Ministerio de Juventud e Infancia, ya que España tiene "las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea". Así lo han reclamado, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre.

   El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, ha indicado que esta ayuda es "urgente" porque España tiene un "34% de los niños y las niñas en España en pobreza o en riesgo de exclusión".

   "Solo esa realidad implicaría tomar medidas y plantear que lo que estamos haciendo a día de hoy es insuficiente para la magnitud del problema", ha indicado Ibarra, en declaraciones a Europa Press. Además, ha advertido de que esta tasa de pobreza infantil "no para de subir" a diferencia de las tasas de pobreza en otras franjas de edad que se han reducido en los últimos cuatro años.

   En cuanto a la cuantía, Ibarra ha precisado que criar a un niño supone un coste de unos 600 euros al mes por lo que cree que los 200 euros que propone el Ministerio de Juventud es "una cantidad adecuada" aunque "debería luego ser complementada con otras ayudas" más focalizadas para familias en situación de mayor vulnerabilidad.

   En todo caso, sobre las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha pedido evaluar las herramientas que ya están en marcha antes de aprobar una prestación nueva, Ibarra ha recordado que "la AIReF ha evaluado el IMV y el CAPI anualmente" y hay informes que trasladan que "el 73% de los potenciales beneficiarios del CAPI no lo están recibiendo".

   A su vez, ha puntualizado que "son cosas diferentes" porque una ayuda es para las personas en situación de pobreza y la otra es para todas las familias. "No concebimos la educación o la sanidad como algo para los pobres, lo concebimos de manera universal. Lo mismo debería ser la crianza y no es incompatible con que luego haya otras ayudas como el IMV para gente que no tiene ingresos", ha insistido.

   Sobre el debate en torno a por qué una ayuda universal, Ibarra ha precisado que ya existe a día de hoy una ayuda "que solamente llega a los grupos más ricos de la sociedad: la deducción fiscal por menor a cargo". "Si cambiamos esa deducción fiscal por una ayuda fiscal reembolsable, que es lo que proponemos nosotros de manera universal, ya ese problema estaría eliminado", ha propuesto.

   Por su parte, la directora de Incidencia Social y Política, Catalina Perazzo, ha defendido que la prestación universal a la crianza es una de las medidas que han comprobado "después de muchas investigaciones en los países del entorno", que es "más eficiente", para cubrir el coste de la crianza de un hijo y para acabar con la pobreza infantil.

   "España es el país de la Unión Europea con más pobreza infantil y creemos que además de medidas focalizadas, como puede ser el IMV o el CAPI, tiene que haber un apoyo que llegue a todas las familias", ha subrayado Perazzo, al tiempo que ha destacado que la cuantía de 200 euros cubriría "un 30% del coste de la crianza, más o menos".

   Además, ha defendido que se priorice el hecho de que sea universal, para que llegue a todas las familias, antes que fijar una cuantía más alta.

   "Ahora mismo ya las familias que se encuentran en una situación socioeconómica media alta, digamos, o más favorable, ya se están beneficiando de estas deducciones. Las personas que hacemos la declaración de la renta, tenemos una cosa que se llama el mínimo por descendiente, que es una cantidad por hijo que estaría exenta de IRPF. Lo que proponemos es que las familias que no llegan al mínimo también tengan que hacer la declaración de la renta y aquellas que no llegan al límite, pues que esta deducción de mínimo exento se convierta en un impuesto a la renta negativo, es decir, que reciban esa cantidad como prestación", ha precisado.

   En la misma línea, el especialista en políticas de infancia de UNICEF España Gabriel González-Bueno ha aseverado que hay "elementos objetivos" para considerar que es urgente aprobar esta prestación universal a la crianza.

   "España es el país con mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea, pobreza infantil y monetaria, y el segundo en tasa de riesgo de pobreza en AROPE, y no es precisamente uno de los países de más bajos ingresos", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que la Unión Europea ya dio "un toque de atención" sobre este problema.

   En cuanto a la universalidad de la prestación, González-Bueno ha defendido que, según la experiencia de UNICEF en todo el mundo, no solo en países ricos, sino también en países de bajos y medios ingresos, "las prestaciones que funcionan son las prestaciones universales".

   "La universalidad es consistente con la idea de derechos humanos. Los derechos son para todos", ha enfatizado. Además, ha advertido de que "cuando focalizas una prestación con determinadas condiciones de ingresos, de patrimonio y de constitución del hogar, lo que haces al final es expulsar precisamente, muchas veces, a la población a la que te quieres dirigir, que es la más vulnerable". En todo caso, ha aclarado que "no son incompatibles" unas prestaciones universales con otras ayudas focalizadas.

   Desde UNICEF habían partido históricamente de una prestación de 100 euros por hijo al mes por lo que celebran que el importe planteado desde el Ministerio de Juventud e Infancia sea superior. "Lo importante es intervenir, porque estamos en una situación en la que está creciendo la economía, quizá es uno de los momentos de mayor empleo de toda la historia de este país, y la pobreza también sigue creciendo. Y eso quiere decir que se necesitan políticas potentes y generosas focalizadas en los niños y las niñas y en sus hogares", ha concretado.

   Sobre las posibles "duplicidades" de las que habla Montero, González-Bueno considera que el IMV y el CAPI "ya están suficientemente evaluados" como para tomar una decisión. Además, ha advertido de que estas ayudas tienen el problema de no acceso (non take-up) y "no está teniendo un impacto muy grande, ni siquiera en la reducción de la pobreza más severa en los niños y niñas". "Nuestro ideal es que fuesen compatibles las dos", ha zanjado.