MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La representación legal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la nulidad del auto que archiva la causa sobre la lona que la organización Hazte Oír colocó frente al Congreso de los Diputados llamando "corrupto" al jefe del Ejecutivo.

En el mencionado auto, la Audiencia de Madrid concluyó que la palabra "corrupto" dirigida a Sánchez, "considerada de modo aislado, constituye un grave insulto" si bien precisaron que, "dado que la palabra referida va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afecta al entorno del presidente del Gobierno, no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión".

La jueza a cargo del caso decretó el archivo de la causa el pasado febrero al entender que la acción se enmarca dentro de la "crítica política", no incitó al odio y por "la falta de relevancia penal de los hechos investigados".

Contra esa decisión, Sánchez y el PSOE recurrieron argumentando que la libertad de expresión no puede amparar conductas que atenten contra el honor de las instituciones.

Ahora, Sánchez también pide anular ese auto "por haberse acordado y confirmado el archivo sin resolver motivadamente sobre las diligencias de investigación pertinentes y oportunamente solicitadas por el Ministerio Fiscal, con la consiguiente indefensión".

Asimismo, considera que la Audiencia Provincial, al declarar que "desconoce a qué hechos se refiere" el motivo del recurso, incurre en "incongruencia omisiva".

Por otro lado, argumenta que no se tomó declaración al investigado, lo que "habría permitido esclarecer su grado de intervención y conocimiento en el conjunto de la campaña". A su vez, considera que incorporar el reportaje fotográfico de la Policía Científica "habría permitido objetivar el alcance, visibilidad y repercusión de las distintas acciones".

Según subraya el escrito, esta "falta de resolución sobre diligencias de investigación oportunamente solicitadas" supone la vulneración de su derecho a una tutela efectiva.

La Fiscalía también presentó recurso argumentando que podría constituir delitos contra la integridad moral y coacciones, por buscar "humillar y deshonrar a la figura del presidente, lesionando su dignidad".