MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido en la Asamblea de Madrid que se declare a los funcionarios de prisiones profesión de riesgos y gentes de la autoridad con el objetivo de darles la protección penal correspondiente "frente a atentados y agresiones".

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el partido encabezado por Isabel Pérez Moñino, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la que buscarán una mayoría en la Cámara de Vallecas que reclame a la Comunidad que exija este cambio al Gobierno central.

Sostiene el partido que estos funcionarios se enfrentan a una "peligrosidad objetiva y frecuentes agresiones", además de las condiciones materiales en als que desarrollan su labor.

Es por ello que también reclaman que se apruebe un plan urgente de refuerzo de plantillas que implique una convocatoria de empleo público plurianual que cubra el 100% de las vacantes y anticipe las jubilaciones previstas.

Plantea, asimismo, que en el caso de Madrid se garantice la equiparación salarial con los funcionarios penitenciarios de otras regiones, en aplicación del principio de igualdad retributiva por el desempeño de funciones equivalentes.

Vox pone en el foco varios episodios, como los ocurridos en el Centro Penitenciario Madrid VII Estremera en el que en una semana de 2025 hubo tres agresiones "reflejando un pico de violencia que evidencia la pérdida de autoridad efectiva y el deterioro de la seguridad".

Así, han censurado que los funcionarios de prisiones constituyen el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre, pero no tengan reconocidos ni la condición de agntes de autoridad ni profesión de riesgo "pese a desarrollar funciones de vigilancia, control, autoridad y seguridad frente a internos condenados por delitos graves, violentos o con problemáticas de salud mental y drogodependencias".

"El trabajo penitenciario implica riesgo físico constante, exposición a agresiones, amenazas e intentos de homicidio y un elevado desgaste psicológico. Sin sumar la dificultosa gestión de internos con perfiles violentos en gran medida. Todo ello, sin el adecuado estatuto de protección jurídica y material. De no adoptarse medidas urgentes, esta situación de abandono institucional puede desembocar en nuevas tragedias personales", han advertido.